Desde UPTA, estamos remitiendo a todos los Gobiernos Autonómicos un completo listado de CNAES para que, las actividades económicas que faltaban sean incluidas en la orden que publicará cada gobierno regional. De este modo, todos los autónomos, empresas y profesionales que no estaban incluidos en los 95 CNAE iniciales que el Ministerio de Economía había propuesto, puedan acogerse al Plan de Rescate.
Nuestra organización lleva semanas trabajando en la propuesta, que, en estos momentos, ya ha sido recibida por muchos de los gobiernos autonómicos tales como el de la Región de Murcia, La Rioja, Asturias o Galicia. Hoy la recibe Extremadura, y en la próxima semana nuestros representantes territoriales se reunirán con el resto de los gobiernos regionales, para que ningún autónomo, al que le corresponda ser beneficiario de esta ayuda fundamental, se quede sin ella.
Además, nuestra propuesta no solamente se ciñe a la ampliación de los CNAE, también concierne a establecer diferentes tramos presupuestarios para distintos porcentajes de pérdidas sufridas durante el año 2020 en comparación al 2019.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, “no podemos consentir que haya autónomos de primera y segunda clase. Las ayudas no pueden ser un elemento de discriminación y deben llegar a quien más lo necesita. Sería intolerable por parte de las Comunidades Autónomas, que se concediese única y exclusivamente esta ayuda, por un riguroso orden de entrada de las solicitudes. Si se hace de esta manera, corremos el riesgo de que miles de actividades económicas, que tiene que gestionar un volumen de documentación mayor para solicitar esta ayuda, puedan quedarse sin ella. Si no somos capaces de establecer una tarificación de tramos de los presupuestos que cada una de las Comunidades Autónomas ha recibido por parte del estado para conceder dicha ayuda, muchos negocios se verán abocados a esta situación”.
Si esta ayuda sólo se concediese por orden de entrada de cada petición, miles de profesionales no podrían acceder a ella, ya que muchos negocios deben hacer un contraste de información sobre el IRPF o sobre Impuesto de Sociedades, lo que supone un proceso más largo a la hora de realizar la solicitud. Por ello, es fundamental que se establezcan unos tramos presupuestarios que determinen cuales son los requisitos.
Estos tramos presupuestarios deben ir directamente relacionados con las pérdidas declaradas en el año 2020 con respecto al ejercicio de 2019, con lo que, a mayor pérdida, mayor ayuda se debe otorgar. En base a esto, creemos que, el 50% del presupuesto total que recibe cada territorio, tiene que ir destinado exclusivamente a aquellos autónomos, pequeñas empresas y profesionales que hayan perdido más del 50% de su facturación. A partir de aquí, con el 50% restante, la cuantía económica a conceder tiene que ir determinada por un tramo que vaya del 50% al 40% de pérdidas y por otro del 40% al 30% de minoración. Ambos tramos deberían ser otorgados con un 25% del presupuesto restante, cada uno. De este modo estaríamos garantizando que el autónomo que haya tenido pérdidas mayores que otros, no pueda quedarse sin ayuda por agotamiento de presupuesto. “Es fundamental que estas medidas se ejecuten en todas las autonomías, estructuradas y regladas de la misma forma”.
